El Grillito Haciendo ruido en todos lados
Ante un presunto caso de conflicto de interés entre funcionarios actuales y exfuncionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y directivos de la empresa Coca-Coca, por el anterior diseño del etiquetado de bebidas azucaradas en México, la organización civil El Poder del Consumidor (EPC) presentó diversas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En entrevista para Aristegui en Vivo el 6 de abril, Alejandro Calvillo, director de EPC, aseguró que esa relación era un “contubernio total” y explicó que existen correos electrónicos con los que se demuestra la comunicación de funcionarios de Coca Cola y “altos funcionarios de Cofepris”, en los que hablan tanto del diseño del etiquetado como de las acciones que tomarían como defensa ante una serie de amparos presentados por la propia organización civil y otras asociaciones en 2014 y 2015.
“Yo creo que esto va a pasar a ser parte de los análisis de la historia de la interferencia de las empresas de comida chatarra, específicamente de bebidas azucaradas especialmente Coca Cola”.
De acuerdo con un comunicado del Poder del Consumidor, publicado el mismo miércoles, las comunicaciones a las que refiere Calvillo ocurrieron entre 2013 y 2016 y fueron entre altos miembros de la Cofepris, como Patricio Caso y Álvaro Pérez Vega, con directivos de la empresa Coca-Cola. Destaca que la finalidad de las reuniones fue diseñar el antiguo etiquetado de alimentos (GDA), ampliamente criticado por la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales.
El Poder del Consumidor detalla que desde 2011, la industria de alimentos y bebidas no alcohólicas introdujo en el país el etiquetado llamado Guías Diarias de Alimentación (GDA) de manera voluntaria. La primera empresa en hacerlo fue Coca-Cola. Se trataba de un etiquetado formulado y propuesto por la industria de alimentos, que establecía un criterio de azúcar del doble del máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cual fue permitido por las autoridades.
Posteriormente, en 2014 y mediante un proceso opaco en el que se excluyó a sectores de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales, y en desapego a la ley, la Cofepris al mando de Mikel Arriola volvió obligatorio el uso de este etiquetado.
Con información de Aristegui Noticias
